En los últimos años el Sistema Judicial ha tomado impulso en lo que se refiere a la digitalización de la justicia y la eficiencia de los procesos. Sin embargo, el acceso más rápido a los datos, resoluciones judiciales, pruebas, grabaciones etc., plantea retos de gran calado en ciberseguridad y seguridad de la información. La transformación digital de la justicia ha sido una prioridad en los marcos normativos que han surgido en Europa a raíz de estos avances tecnológicos. No se trata de una modernización a nivel administrativo, sino de un cambio estructural profundo que busca respetar la privacidad y seguridad de la información de todos los datos sensibles que el sector público maneja. Con motivo del Día Europeo de la Protección de Datos, desde CORRECTA, empresa adherida al Grupo Armora y especializada en ciberseguridad y transformación digital, abordan los desafíos a los que se enfrenta el Sistema Judicial a la hora de evitar fuga masiva de datos sensibles y accesos no autorizados.
Consecuencias sociales y económicas de la fuga de datos
El sistema judicial, así como las Administraciones Públicas en general, no solo controlan datos ordinarios como nombres, direcciones o identificativos, trabajan también con otros de carácter más sensible como los antecedentes penales, grabaciones de audiencias y audios, informes periciales, etc. En muchos de los casos, estos pueden revelar comportamientos, salud o situaciones que afectan a la estricta intimidad de los ciudadanos. Una filtración o el acceso no autorizado a este tipo de datos supone un fallo por parte del sistema y un uso inadecuado de la tecnología que protege la seguridad de la información. Y es que estos datos pueden acabar en foros clandestinos, en los mercados de la dark web o ser almacenados a la espera de la ocasión perfecta para actuar.
Para las personas afectadas por el robo o filtraciones de datos, el daño reputacional puede ser irreversible, incluso conllevar a un riesgo de discriminación o abuso si esos datos son utilizados de forma malintencionada. Así pues, para la Justicia supone también una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en el estado de derecho a la vez que, desde el punto de vista financiero, posibles sanciones por incumplimiento del RGPD o hasta inversiones de emergencia para recuperar datos secuestrados.
Es por ello que el Sistema Judicial a de garantizar de forma responsable el tratamiento de datos, la seguridad de la información, la confidencialidad y, por supuesto, contar con protocolos de rápida actuación ante brechas de seguridad que, apoyados por expertos en ciberseguridad y cumplimiento normativo, permitan minimizar riesgos, proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar la integridad de los procesos judiciales.
Desafíos de ciberseguridad del sistema judicial
No cabe duda de que los ataques de ciberseguridad evolucionan a un ritmo más rápido que los propios marcos regulatorios. Es por ese motivo que el Sistema Judicial, a la vez que el sector público en general, se enfrenta a desafíos en ciberseguridad que tienen por objetivo mitigar los riesgos y fortalecer el sistema y su organización.
Entre los principales desafíos a los que tiene que hacer frente el Sistema Judicial se encuentran las propias vulnerabilidades tecnológicas, unos sistemas heredados y poco actualizados que no cuentan con controles fuertes de autentificación o accesos cifrados a los datos. También, una gestión inadecuada de los datos más sensibles derivados de accesos no autorizados o indebidos o, incluso, las propias amenazas internas que incluyen errores humanos o malas prácticas que se producen por falta de formación y capacitación en materia de ciberseguridad.
Para mitigar brechas de seguridad y posibles fugas de datos sensibles del sistema, el sector se debe reforzar de manera integral. Para ello es preciso incorporar la ciberseguridad desde el inicio de cada fase y capa judicial. Es necesario aplicar sistemas de cifrado, así como contar con equipos especializados en la ciberdefensa de la información, la monitorización continua y protocolos robustos de actuación para dar respuestas rápidas y eficientes. Asimismo, conviene destacar la necesidad de estandarizar los marcos legales y metodologías en Europa para evitar amenazas y vulnerabilidades que afectan a esa interconexión de datos de los distintos sistemas judiciales de los países miembros.
Por último, es preciso destacar también la urgente necesidad de la formación continuada en materia de ciberseguridad y seguridad de la información de todos los actores implicados en el Sistema Judicial como son los jueces, fiscales, letrados, personal administrativo, etc., ya que hasta los sistemas más seguros pueden ser debilitados por errores humanos. Es por ello que invertir y dotar de formación en ciberseguridad a ciudadanos y profesionales de cada sector es una de las claves más importantes para mitigar posibles ciberataques que deriven en fatales consecuencias como la fuga y uso malicioso de los datos más sensibles.
