Las Elecciones Autonómicas y Locales están muy cerca y la ciberseguridad a la hora de garantizar los procesos electorales es un elemento clave.

En la era digital, las campañas electorales se han vuelto cada vez más dependientes de la tecnología. Sin embargo, esta creciente digitalización también ha abierto la puerta a posibles vulnerabilidades y amenazas cibernéticas que podrían comprometer la integridad de las elecciones.

Las campañas electorales son objetivos atractivos para los ciberdelincuentes que buscan influir en los resultados de las elecciones o socavar la confianza en el sistema democrático. Estos ataques pueden incluir la propagación de desinformación a través de las redes sociales, la suplantación de identidad para obtener acceso no autorizado a información sensible, la interrupción de los sistemas de votación electrónica o el sabotaje de las comunicaciones entre los candidatos y sus equipos.

Es esencial que los actores políticos y las instituciones tomen medidas efectivas de ciberseguridad para proteger la democracia y garantizar que los procesos electorales sean seguros y confiables.

El Ministerio del Interior ha implementado acciones para asegurar la seguridad durante las próximas elecciones que se celebrarán el 28 de mayo. Siguiendo las directrices de la Subsecretaria del Interior, se ha convocado una reunión de la Red de Coordinación para la Seguridad en Procesos Electorales. En esta reunión participaron la Junta Electoral Central y varios representantes de la Administración General del Estado con responsabilidad en este ámbito.

La Secretaría de Estado de Seguridad ha implementado un protocolo de ciberseguridad para las elecciones del 28M , involucrando a varios organismos y entidades, como la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), la Dirección General de Política Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Su objetivo es realizar una monitorización activa para detectar posibles acciones contra los sistemas tecnológicos y actores del sistema electoral. La instrucción establece que cualquier incidente de seguridad en redes y sistemas de información debe ser reportado a la OCC, quien coordinará su resolución junto a la Unidad de Supervisión y Control Tecnológico del Proceso Electoral.

INCIBE se une a esta red de cibervigilancia

En este contexto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, juega un papel fundamental como entidad de referencia.

Desde el inicio de la campaña electoral hasta el 5 de junio, INCIBE estará realizando una supervisión constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el objetivo de asegurar la seguridad digital de las principales entidades y empresas que desempeñan un papel activo en las elecciones. Esto incluye partidos políticos, empresas que brindan apoyo a los procesos electorales y operadores de servicios críticos.

Se prestará especial atención a sectores clave como salud, infraestructuras digitales, telecomunicaciones, transporte, suministro de agua y gestión de residuos, industria química, alimentación, servicios postales y de mensajería, energía, infraestructura bancaria y financiera, proveedores de servicios digitales y proveedores de la Administración Pública. Además, se mantendrá una comunicación cercana con los responsables de seguridad de la información (CISO, por sus siglas en inglés) de estas entidades y empresas durante todo el proceso electoral.