En la segunda quincena del mes de octubre, el Consejo General del Poder Judicial detectó un ciberataque en el que resultó afectado el Punto Neutro Judicial (PNJ), la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado y que se gestiona desde el órgano de gobierno de los jueces.

En el momento que se detectó la actividad sospechosa se adoptaron medidas de ciberseguridad para evitar la distribución y proceder a la neutralización de ataques de este tipo.

Según las averiguaciones llevadas a cabo hasta el momento, el PNJ ha sido utilizado por los atacantes para acceder a otras instituciones públicas y en el ataque no se han visto comprometidos datos relativos a procedimientos judiciales u otra información en poder de los Juzgados y Tribunales.

Tras detectar este incidente de seguridad, el CGPJ puso los hechos en conocimiento del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (COCS), así como del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), en coordinación con el cual se han adoptado las medidas de investigación y mitigadoras correspondientes.

Igualmente, desde el CGPJ se notificó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del propio órgano de gobierno de los jueces.

La red de servicios del Punto Neutro Judicial

El Punto Neutro Judicial es una red de servicios que ofrece a los órganos judiciales los datos necesarios en la tramitación judicial mediante accesos directos a aplicaciones y bases de datos del propio Consejo, de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones con objeto de facilitar y reducir los tiempos de tramitación, de aumentar la seguridad, y de mejorar la satisfacción de los usuarios.

En este sentido, se ofrece la posibilidad de consultar e interconectar a los Órganos Judiciales con terceras entidades, (AA.PP. , Colegios Profesionales, Entidades Financieras, Registros, etc.) al objeto de mejorar los tiempos de tramitación de los asuntos, con el fin de ofrecer herramientas y servicios a los colectivos que conforman la justicia, para que puedan ser más eficiente y eficaces en la tramitación de los asuntos judiciales y de esa forma poder ayudar a los ciudadanos para que se les garantice la inmediatez y el derecho a obtener la tutela efectiva de sus derechos ante los tribunales .