El hecho de que se haya digitalizado la información sensible que manejan las administraciones públicas, así como los servicios esenciales que prestan, hacen del sector público un atractivo blanco para los ciberdelincuentes que buscan robar datos confidenciales y provocar interrupciones. Sólo en 2022, el número de ciberataques de Estados nación dirigidos específicamente a infraestructuras críticas aumentó del 20 % al 40 % en todo el mundo.

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