Una ciudadana americana musulmana ha demandado al control de fronteras de EEUU por confiscar su iPhone en un aeropuerto, retenerlo durante 130 días sin explicar el porqué y negarse a destruir las copias que tuvieran de sus datos, incluyendo las fotos en que no vestía su hiyab, que representa una expresión de su fe en el Islam.

El pasado 26 de febrero, agentes de aduanas del Aeropuerto Internacional Newark Liberty confiscaron el iPhone y la tarjeta SIM de Rejhane Lazoja, una mujer de 39 años de Staten Island, N.Y., cuando regresaba de un viaje a Suiza.

El jueves, el Consejo para las Relaciones Islámico-Americanas (CAIR), un grupo pro los derechos civiles de los musulmanes, anunció que habían denunciado al control de fronteras de EEUU por una confiscación sin garantías e inconstitucional del teléfono de un ciudadano americano.

Lozoja pidió oficialmente a un juez que obligara a los oficiales de aduanas que borraran todos los datos que sustrajeron de su iPhone 6S Plus, una petición legal que se conoce como la moción 41(g) o de devolución de propiedad.

No se trata de que le devuelvan el teléfono, el cual recuperó después de 130 días. Lo que solicita es que le aseguren que se ha borrado cualquier copia de los datos que contenía. Como señala el CAIR, la moción 41(g) normalmente se refiere a objetos tangibles en contraposición a datos fácilmente eliminables. Pero esos datos son los que quiere que se eliminen, copias que se realizaron sin que aduanas explicara el porqué.

Uno de los abogados del CAIR, Albert Fox Cahn, dijo a Ars Technica que el teléfono fue requisado y sus datos copiados, pese a que nunca se le acusó de ningún cargo.

Sus abogados han pedido a aduanas: »Devolver todos sus datos, eliminar cualquier copia realizada de sus datos, revelar cualquier tercero que tuviera acceso a los datos parcialmente o en su totalidad e informar sobre la base de la confiscación y retención de su propiedad».

La petición de Lozoja argumenta que aduanas violó sus derechos reflejados en la cuarta enmienda no solo por la confiscación del teléfono, si no por el tiempo que el teléfono estuvo retenido y por la copia de cualquiera de sus datos personales.

Para añadir peso a su argumentación, el CAIR señala que en junio, el tribunal supremo sostiene, en el caso Carpenter vs EEUU, que la policía necesita una orden judicial para confiscar los datos de un teléfono.

En el caso de Timothy Carpenter, quien fue sentenciado en 2014 a 116 años de prisión por robar 6 tiendas de teléfonos móviles, el fiscal se basó en la gran cantidad de datos recopilados, sin orden judicial, de las empresas de telefonía que mostraron los movimientos de Carpenter.

El caso de Carpenter vs EEUU buscaba determinar si esa búsqueda sin orden judicial violaba la cuarta enmienda. En junio el tribunal supremo dictaminó que sí.