El Gobierno de la Rioja toma medidas ante posibles intrusiones externas y pide a sus empleados el cambio de contraseñas y privilegios.

La situación de inseguridad que se vive en la actualidad en las redes no invita, precisamente a tener la guardia baja. El incremento de los ciberataques, no solo en números sino también en gravedad, ha generado un cambio importante en nuestra vida laboral. Cada vez se da más importancia al concepto de ciberseguridad, tanto en empresas como administraciones públicas, concienciando a los empleados en el uso de buenas prácticas. ¿Qué medidas podemos tomar tanto a nivel personal como laboral para evitar problemas? Una de las más recomendadas es, además de usar una contraseña compleja, cambiarla cada cierto tiempo y jamás usarla en dos cuentas o más. Esta medida, por ejemplo, ha sido comunicada por el Gobierno de La Rioja a todos sus trabajadores: funcionarios, empleados públicos, etc. Además, se trata de una medida con carácter obligatorio. El Gobierno de la Rioja toma medidas ante posibles intrusiones externas.

El gobierno riojano, presidido por Doña Concepción Andreu Rodríguez (PSOE), ha tomado esta decisión a raíz de una recomendación realizada por el Centro Criptológico Nacional (CCN). Han sido fuentes del Ejecutivo riojano no solo los encargados de confirmarlo, sino también de ofrecer una justificación. Se trata de una «acción preventiva dentro de una recomendación realizada a nivel nacional para todas las administraciones«. Con esto en la mano, entendemos que la medida se llevará a cabo en todos los gobiernos autonómicos. De forma adicional, se solicita de igual modo un cambio de privilegios en las cuentas. Ante la escalada de ciberataques que estamos viviendo, estas medidas son perfectamente normales, sobre todo si hay implicados administraciones públicas y empleados del organismo. El CCN ha propuesto esta medida a nivel estatal para adoptar «medidas proactivas contra ciberataques aplicables en escalones de 72 y de tres semanas«.

Máxima protección para las Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas han pasado a ser uno de los objetivos favoritos de la ciberdelincuencia. Un ciberataque bien pertrechado a un ente público puede causar un gran impacto, y daños colaterales muy serios. Los ejemplos más recientes los vimos en 2021: el ciberataque al SEPE y el perpetrado contra el Ministerio de Trabajo. Especialmente dañino fue el que recibió el SEPE, encargado de la tramitación de los ERTE en plena pandemia. Miles de trabajadores vieron cómo los pagos se retrasaron debido a la caída del servicio. Ante situaciones así, la ciberseguridad se convierte en un escudo que, como mínimo, debe contener las embestidas de los ciberdelincuentes. Si bien es cierto que parten con ventaja, en manos de todos está poner todos los diques posibles para que sus actividades se estrellen contra ellos y causen un daño mínimo. Estas medidas, de hecho, son recomendadas en multitud de ocasiones.